Las centrales sindicales de Colombia han expresado su apoyo y saludan la iniciativa de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la formulación del proyecto de ley “Por el cual se expide el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”. Reconociendo la necesidad de modernizar el Código Procesal del Trabajo actual, las centrales resaltan la importancia de contar con un marco legal que garantice un proceso laboral más ágil, justo y accesible, en coherencia con los principios de favorabilidad, gratuidad, celeridad, razonabilidad, no discriminación, debido proceso, buena fe y, especialmente, el principio protector de los derechos de los trabajadores.
A pesar de la relevancia de esta iniciativa, las centrales sindicales han manifestado su preocupación ante ciertos puntos del proyecto de ley No. 459 de 2024 (Cámara) – 051 de 2023 (Senado). Si bien la propuesta incluye innovaciones como la sentencia anticipada y mecanismos especiales para demandas de sujetos con protección constitucional, también omite varios principios fundamentales del proceso laboral. Asimismo, plantea algunas disposiciones que, según las centrales, resultan inconstitucionales y regresivas, comprometiendo el acceso igualitario a los recursos judiciales tanto para los empleadores como para las organizaciones sindicales.
Entre los aspectos que generan inquietud se encuentra la falta de desarrollo del principio de gratuidad en los procesos laborales. El proyecto impone a los trabajadores cargas económicas adicionales, como costas, aranceles y cauciones, incluyendo la obligación de aportar un 20% del valor de las pretensiones de la demanda para acceder a medidas cautelares. Esta medida, señalan las centrales, pone en desventaja a los trabajadores y limita el acceso equitativo a la justicia.
Otra preocupación es la introducción de disposiciones que afectan a sujetos de especial protección constitucional, como sindicatos y trabajadores con fuero sindical o en situaciones de vulnerabilidad. El proyecto reduce de tres años a seis meses el plazo para que trabajadores con fuero de discapacidad, mujeres embarazadas, sindicalistas despedidos en procesos de negociación colectiva y víctimas de acoso laboral puedan acudir a la justicia. Además, el texto revive normas inconstitucionales que dificultan el reconocimiento sindical y establece un procedimiento de cancelación de personería jurídica sin derecho a pruebas. Las centrales sindicales hacen un llamado a las bancadas progresistas del Congreso a revisar y ajustar este proyecto en su último debate para que cumpla con los principios de protección y garantía de los derechos humanos laborales en Colombia.