El Proyecto de Ley 056 de 2024 de Senado, conocido como «Bono Escolar», no es una ayuda a las familias necesitadas. Es la bandera de campaña de Paloma Valencia, la candidata presidencial de la derecha, que representa a los sectores que durante décadas han intentado destruir la educación pública en Colombia. Lo que presentan como un alivio económico es, en realidad, una transferencia millonaria de recursos públicos a manos privadas, sin sustento técnico, sin concepto fiscal claro y sin la participación de los educadores. El senador Iván Cepeda fue contundente: «El rechazo de lo público y su condena presupuestal; la creencia ideológica, sin sustento técnico, de que cualquier sector funciona mejor en manos del sector privado; el señalamiento al servidor público y, en particular, al educador».
Las cifras son escalofriantes. El proyecto compromete recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) por hasta 10 billones de pesos solo en 2026, según el concepto del Ministerio de Educación Nacional. Esto significa que se desviarán recursos que deberían ir a infraestructura escolar, alimentación, transporte y nómina docente para entregárselos a privados, sin garantía alguna de que el dinero llegue realmente a los estudiantes. Cepeda advirtió que esta iniciativa mina la descentralización del país y va en contravía directa de la Reforma al SGP aprobada el año pasado. Se trata de una ley ordinaria que pretende modificar una ley orgánica sin el debate ni las mayorías calificadas que se requieren: una maniobra para desfinanciar lo público sin que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde.
Paloma Valencia le ha declarado la guerra a los profesores de colegio público. No es una metáfora: los ha señalado, estigmatizado y responsabilizado de los males del sistema educativo, mientras impulsa un proyecto que desvía billones del presupuesto público hacia colegios privados. En esta campaña, ha logrado reunir apoyos para su iniciativa, que no es otra cosa que un cheque en blanco para los empresarios de la educación. Frente a esta ofensiva, la senadora Aída Avella se ha puesto del lado de los maestros. Desde la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, ha denunciado el proyecto y ha advertido que su aprobación significaría el desangre de la educación pública.
El senador León Fredy Muñoz propuso la creación de una subcomisión de estudio para analizar a fondo el proyecto. Cepeda apoyó la iniciativa y lanzó una advertencia: «No puede aprobarse un proyecto de ley de esta magnitud sin tener claridad sobre lo que esto significa para los municipios ni para los departamentos, sin participación de FECODE, que ha hecho múltiples alertas, y con una serie de engaños a los padres». Recordó que los mismos argumentos de «ayuda» se usaron con programas como Ser Pilo Paga, que terminaron con más de 4.000 jóvenes endeudados con el ICETEX y la universidad pública desfinanciada. Mientras la derecha quiere entregarle la plata de los colombianos a los privados, Avella y el Pacto Histórico defienden la escuela pública, los docentes y el derecho a la educación como un bien común, no como un negocio. La conclusión es clara: este bono no beneficia a los estudiantes, ni al sistema educativo, ni a los docentes. Beneficia a los privados. Y la educación pública, una vez más, está en la mira de quienes quieren destruirla.