La comunidad estudiantil de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca atraviesa una crisis institucional que se ha agravado desde 2024. Lo que comenzó con incumplimientos de acuerdos entre la administración y la comunidad universitaria, hoy ha derivado en un paro estudiantil, denuncias de persecución por pensar distinto y medidas extremas como el encadenamiento de estudiantes, quienes en un acto desesperado exigen la instalación de una mesa de negociación. Mientras tanto, la rectora de la institución se ha negado reiteradamente a dialogar, y la administración insiste en hablar de una supuesta «normalidad académica», una afirmación que los estudiantes califican como “abiertamente contraria a la realidad”.
De manera particularmente alarmante, los estudiantes denuncian que la respuesta institucional no ha sido el diálogo, sino la represión. La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antes conocida como ESMAD, ha intervenido en las protestas, dejando personas lesionadas en hechos que, según los denunciantes, resultan desproporcionados frente a una movilización legítima que solo busca garantías de derechos y cumplimiento de acuerdos. Además, advierten que la administración ha recurrido a la virtualización de actividades no como una solución académica, sino como un mecanismo para debilitar la organización estudiantil y desarticular la movilización.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, ha instado a la institución a instalar una mesa de diálogo. Sin embargo, según lo denunciado en la constancia presentada ante el Senado, no ha existido voluntad por parte de la administración universitaria para atender este llamado. La falta de disposición institucional no solo profundiza el conflicto, sino que vulnera principios básicos de la democracia universitaria y desconoce los mecanismos legítimos de participación estudiantil, como la asamblea permanente. «El respeto por la autonomía universitaria no puede ser excusa para eludir responsabilidades en materia de democracia interna, garantías de participación y derechos fundamentales», señala la constancia.
La situación ha llegado a niveles preocupantes. Las sedes de la universidad no cuentan con condiciones adecuadas de funcionamiento, y los estudiantes han recurrido al encadenamiento como última herramienta de presión. Ante este panorama, el llamado de la comunidad universitaria es claro: que la rectoría instale de manera inmediata una mesa de negociación con garantías reales, que las autoridades competentes verifiquen la situación y garanticen los derechos de la comunidad, y que el Gobierno Nacional y distrital promuevan espacios de diálogo para evitar la escalada del conflicto. La constancia presentada ante el Senado busca precisamente eso: que no se normalice la falta de diálogo, el incumplimiento de acuerdos ni la represión de la protesta social en escenarios educativos.