Por: Hernán Camacho
Bogotá, 28 de enero de 2025
En una sesión crucial, el Congreso de la República se reunirá hoy para escuchar la sustentación del Gobierno Nacional sobre los decretos de Conmoción Interior, una medida excepcional propuesta por el presidente Gustavo Petro para enfrentar la grave crisis humanitaria, económica y de seguridad que afecta a la región del Catatumbo. Esta decisión, que ha generado un intenso debate político y social, busca dotar al Ejecutivo de herramientas extraordinarias para mitigar los efectos de la violencia y la inestabilidad en esta zona estratégica del país.
El Gobierno argumenta que la Conmoción Interior es necesaria para implementar medidas urgentes en materia fiscal y económica, destinadas a garantizar recursos que permitan atender la emergencia en el Catatumbo. Sin embargo, la oposición y algunos sectores políticos han expresado preocupación por el alcance de estas facultades, lo que anticipa un debate complejo en el Legislativo.
La región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, atraviesa una grave crisis de violencia que ha agravado las condiciones de vida de sus habitantes. Esta zona, históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales, enfrenta un recrudecimiento de los enfrentamientos entre disidencias de las FARC, el ELN y otras estructuras criminales que se disputan el control territorial. Estas dinámicas violentas, vinculadas al narcotráfico y a economías ilícitas, han generado desplazamientos masivos, afectaciones a la infraestructura energética y petrolera, y una creciente inseguridad alimentaria, poniendo en jaque la estabilidad de una región clave para el país.
Frente a esta emergencia humanitaria y económica, el Gobierno Nacional ha propuesto una reestructuración fiscal temporal, respaldada por el artículo 38 de la Ley 137 de 1994, que regula los Estados de Excepción en Colombia. La propuesta se centra en tres ejes principales: nuevas contribuciones fiscales y parafiscales, el uso estratégico de las regalías, y modificaciones al Presupuesto General de la Nación (PGN). Estas medidas buscan garantizar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la crisis y evitar que las consecuencias se extiendan al resto del país.
Actualmente, el presupuesto nacional asciende a 523 billones de pesos para gastos de funcionamiento, inversión y deuda pública, mientras que los ingresos alcanzan solo 511 billones, dejando un déficit fiscal de 12 billones tras la no aprobación de la Ley de Financiamiento. Este déficit limita la capacidad de acción de las instituciones encargadas de atender la crisis en el Catatumbo, una región estratégica para la producción agrícola y energética de Colombia. Por ello, la flexibilización del gasto público a través de la modificación transitoria del PGN se presenta como una medida urgente y necesaria.
El Catatumbo es esencial para la seguridad alimentaria del país, siendo un importante productor de alimentos básicos como el pepino, la cebolla, el pimentón y el frijol. Además, su infraestructura energética y petrolera, incluida la operación del oleoducto Caño Limón-Coveñas, abastece a 47 municipios y es vital para la economía nacional. Ante este panorama, el Gobierno propone el uso de hasta el 10% de las regalías de los departamentos productores de recursos no renovables, destinadas a inversiones en seguridad y mantenimiento de infraestructura, asegurando la continuidad de estas actividades productivas
Asimismo, el Gobierno nacional plantea la creación de nuevas contribuciones fiscales y parafiscales para fortalecer la sostenibilidad fiscal. Entre las medidas propuestas se incluyen tributos transitorios a sectores estratégicos como los juegos de azar y apuestas en línea, el patrimonio improductivo y algunos combustibles, como el gas natural, petróleo, gasolina, jet fuel, ACPM y carbón. Estas medidas están diseñadas para recaudar recursos sin afectar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos asalariados y priorizando la contribución de quienes tienen mayor capacidad económica.
El estado colombiano enfrenta el desafío de intervenir de manera efectiva en el Catatumbo, una región históricamente abandonada a la violencia y la explotación de economías ilícitas. Es imperativo que el Congreso de la República actúe con responsabilidad y apruebe las medidas propuestas para dotar al Gobierno de los recursos necesarios para afrontar esta crisis. Solo así será posible garantizar la seguridad, la estabilidad y el bienestar de los habitantes del Catatumbo, sentando las bases para una gestión más equitativa y sostenible en todo el territorio nacional.