Por: La Chispa
Las recientes decisiones de la Corte Constitucional han generado preocupación por su impacto en las finanzas públicas y su aparente favorecimiento a intereses privados. En al menos tres ocasiones, el alto tribunal ha fallado en contra de medidas clave del gobierno, debilitando la capacidad del Estado para administrar sus recursos. La anulación de los decretos de emergencia económica en La Guajira, la eliminación de impuestos justos para las multinacionales del petróleo y el aumento de pagos a las EPS han sido algunos de los fallos más polémicos, aumentando la carga fiscal y limitando la respuesta estatal a las necesidades del país.
La protección de intereses privados por parte de la Corte se ha visto especialmente reflejada en el sector petrolero e hidrocarburos, permitiendo que estas empresas mantengan una alta rentabilidad sin asumir impuestos proporcionales. Cuando el Gobierno del Cambio intentó cerrar la ventana de evasión fiscal de las multinacionales, eliminando de la reforma tributaria aprobada en el Congreso, la posibilidad de deducir el pago de regalías como un gasto de producción exento de impuestos, la Corte falló en contra, manteniendo estos beneficios para las empresas y afectando la recaudación pública.
Otro impacto económico de las decisiones de la Corte se ha reflejado en la crisis del agua en La Guajira, donde la anulación de los decretos de emergencia económica ha beneficiado directamente al cartel del agua. Actualmente, el acceso al líquido vital se ha convertido en un negocio electoral, donde las comunidades indígenas reciben pimpinas de agua a cambio de apoyo político. Mientras tanto, los clanes políticos del departamento celebran que la institucionalidad que buscaba soluciones estructurales fuera frustrada, perpetuando la crisis hídrica y el control irregular del recurso.
El golpe más reciente de la Corte vino con su orden al Ministerio de Salud de aumentar los pagos a las EPS, argumentando que estos recursos eran insuficientes. Sin embargo, tanto la Contraloría como el Gobierno Nacionalhan desmentido esta afirmación, revelando irregularidades graves en la gestión de las EPS, incluyendo cobros por pacientes fallecidos y otros malos manejos financieros. Estas denuncias han llevado a investigaciones sobre un posible desfalco de recursos públicos, mientras la Corte sigue favoreciendo a estas entidades con más recursos, sin exigir garantías de una mejor prestación del servicio para los colombianos.
Las recientes decisiones de los magistrados de la Corte Constitucional han puesto en jaque la estabilidad económica del país, favoreciendo intereses privados por encima del bienestar de la ciudadanía y limitando la capacidad del gobierno para implementar reformas clave. El impacto de estos fallos se refleja en la crisis fiscal, el debilitamiento de la institucionalidad y la perpetuación de prácticas que afectan directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.