Por: Hernán Camacho 

Las voces que buscan sembrar miedo y desinformación no descansan en su intento de bloquear las reformas que buscan justicia para el pueblo. Esta vez, el ataque provino del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, quien advirtió sobre un supuesto hundimiento del proyecto de ley estatutaria de jurisdicción agraria, una iniciativa clave para garantizar el acceso a la justicia de campesinos y comunidades rurales.

Ante estas declaraciones, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, respondió con contundencia, calificando las palabras de Cepeda como «una voz llena de falsedades que solo busca infundir miedo en el debate». Con esta afirmación, la ministra dejó claro que la amenaza de Cepeda carece de fundamento y que, lejos de advertir con argumentos sólidos, sus palabras buscan generar crisis institucionales inexistentes y desinformar a la ciudadanía.

Carvajalino, además, reclamó públicamente la falta de conocimiento del presidente del Congreso sobre la propuesta de ley y lo acusó de distorsionar su contenido con fines políticos. «La misma voz que no entiende el alcance del control político a su cargo miente descaradamente para negarle al país la justicia agraria», sentenció la ministra.

El proyecto de jurisdicción agraria, aprobado en comisiones conjuntas del Congreso, no modifica la expropiación agraria ni convierte el acceso a la tierra en una decisión del Ejecutivo. En contraste con lo que intenta hacer creer la derecha, la extinción agraria por incumplimiento social y ecológico de la propiedad será una decisión judicial, respetando el debido proceso y evitando abusos.

Las resistencias al proyecto solo confirman el temor de ciertos sectores a la modernización del campo y la equidad en el acceso a la tierra. «Voces de miedo que quieren mantener el campo colombiano sin presencia de una justicia especializada, necesaria para que no siga siendo la violencia el mecanismo de resolución de conflictos», afirmó la ministra. La contradicción es evidente: quienes se oponen a la jurisdicción agraria son los mismos que han aprobado expropiaciones administrativas para proyectos de infraestructura y desarrollo urbano que favorecen grandes intereses económicos.

No es la primera vez que Cepeda se presenta como el enemigo de las reformas del gobierno Petro. Ya lo demostró con la ley de financiamiento, cuyo hundimiento alteró el presupuesto fiscal del país, y ahora intenta hacer lo mismo con una ley que busca justicia para el campesinado. «Se tiró el país», fue la reacción del presidente Gustavo Petro ante la maniobra de Cepeda, que solo refleja la intención de ciertos sectores de perpetuar un modelo que margina al campo y favorece a las élites económicas.

La justicia agraria es una deuda histórica con el campesinado colombiano. Mientras la derecha insista en bloquear estos avances con miedo y desinformación, el pueblo deberá mantenerse firme en la lucha por un país más justo y equitativo.