Omar Romero

El sistema de salud en Colombia enfrenta una crisis ética y operativa sin precedentes,en la historia de Colombia, cuyo ejemplo más evidente es el escándalo de los cobros realizados por varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) por servicios presuntamente brindados a personas fallecidas. Este caso no solo expone la incompetencia en la supervisión, sino también una clara intención de lucro ilícito por parte de las administraciones de estas entidades. La gravedad de los hechos exige una investigación penal exhaustiva y la restitución inmediata de los recursos al sistema de salud.

Un fraude masivo

Según datos de 2023 proporcionados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), al menos 23,410 defunciones aparecen relacionadas con facturación de servicios de salud prestados después de la muerte de los pacientes. Esta práctica fraudulenta representa un detrimento cercano a los 80,000 millones de pesos que deberían estar destinados a la atención real de los colombianos.

Entre las EPS más señaladas destacan:

1. Compensar, con 4,569 personas fallecidas vinculadas a facturas por 53.99 millones de pesos.

2. Famisanar, con 3,007 personas y un costo superior a 6,198 millones.

3. Salud Total, que registró 3,128 fallecidos con facturación por 5,752 millones.

4. EPS-SA, con 6,520 servicios postmortem y facturas que alcanzan los 3,342 millones.

5. Sanitas, con 2,752 casos y 20,020 millones de pesos facturados.

Este panorama evidencia no solo la magnitud del fraude, sino también la normalización de prácticas ilícitas que deterioran aún más la confianza ciudadana en un sistema de salud ya de por sí debilitado.

Una administración cómplice e ineficaz

El hecho de que ninguna de estas EPS estuviera intervenida en 2023 refuerza las sospechas de negligencia o complicidad de las autoridades reguladoras. ¿Cómo es posible que estas irregularidades alcanzaran tales proporciones sin que se encendieran alarmas? Este silencio administrativo pone en entredicho el papel de los organismos encargados de la vigilancia y el control, mientras evidencia una falta de mecanismos eficaces de auditoría y sanción.

El ministro de Salud del momento reconoció un incremento abrupto de costos en las facturas presentadas, pero la respuesta institucional fue insuficiente. En lugar de iniciar investigaciones contundentes o intervenir las EPS involucradas, se optó por ajustar los cálculos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) con base en la inflación, lo que perpetúa la opacidad en el manejo de los recursos públicos.

La ausencia de las entidades de control: Un silencio cómplice

Ante el escándalo de los cobros indebidos por parte de las EPS, surge una pregunta inevitable: ¿dónde estaban las entidades de control mientras se gestaban estas irregularidades? Instituciones como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia Nacional de Salud tienen la misión de velar por el uso adecuado de los recursos públicos, garantizar el cumplimiento de la ley y actuar de manera preventiva ante posibles delitos. Sin embargo, su evidente inacción en este caso plantea serias dudas sobre su eficacia, independencia y compromiso con los intereses de la ciudadanía.

Consecuencias y exigencias

El fraude aquí denunciado no es solo una cuestión de números; tiene un impacto directo en la vida de millones de colombianos que dependen del sistema de salud. Los recursos desviados podrían haberse utilizado para mejorar la infraestructura hospitalaria, contratar personal médico o garantizar el acceso a medicamentos esenciales.

Por lo tanto, se exige:

1. La devolución inmediata de los recursos desviados al sistema de salud por parte de las EPS responsables.

2. La apertura de investigaciones penales contra los administradores de estas entidades por delitos de fraude y enriquecimiento ilícito.

3. La intervención estatal inmediata de las EPS involucradas para evitar la continuidad de estas prácticas.

4. Reformas profundas en los mecanismos de supervisión, auditoría y sanción del sistema de salud colombiano.

La responsabilidad de los gobiernos anteriores
Los gobiernos anteriores también tienen un papel protagónico en esta debacle. «dejar hacer, dejar pasar» ha tenido consecuencias desastrosas para la salud pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Este caso representa un golpe más a la credibilidad de las EPS y del sistema de salud en Colombia. Sin embargo, también ofrece una oportunidad para que el país actúe con firmeza en la defensa de los recursos públicos y de los derechos de los ciudadanos. Si estas denuncias no generan las acciones correctivas necesarias, estaremos condenados a perpetuar un sistema donde la vida y la dignidad de los colombianos son relegadas frente al lucro desmedido de unos pocos. La justicia debe prevalecer, y los responsables deben responder ante la ley.

La inacción de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Superintendencia de Salud en este caso no es solo una omisión, sino una traición a su mandato constitucional. Es urgente que estas entidades respondan públicamente por su negligencia y que se tomen medidas para garantizar que nunca más se permita un fraude de esta magnitud. Los colombianos merecen un sistema de salud honesto, eficiente y verdaderamente supervisado.