Por: Aída Avella


La migración es un acto profundamente humano, reconocido como un derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Migrar no es un delito, es una expresión de libertad en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Sin embargo, las políticas migratorias impulsadas durante la administración de Donald Trump en Estados Unidos transformaron las vías diplomáticas en una persecución abierta contra migrantes. Cazados como animales.

Trabajadores, mujeres y niños son detenidos en las calles de ese país, a pesar de que los migrantes representan una fuerza laboral significativa para la economía estadounidense. Este tipo de acciones no puede calificarse como diplomacia, sino como un ataque directo a quienes contribuyen al desarrollo económico y social de ese país.

La migración ha sido una constante en la historia de la humanidad; es parte de la naturaleza del mundo. Los migrantes no son delincuentes ni ilegales; son trabajadores que, al salir de sus países de origen, fortalecen con su labor a economías como la norteamericana. Tienen patrimonios construidos con muchos años de esfuerzo.

Pero, ¿qué ocurre con los bienes que los migrantes han adquirido con esfuerzo en Estados Unidos? Muchas de estas propiedades están en riesgo cuando los migrantes son deportados. Un tercio de los migrantes en ese país poseen una vivienda propia, y solo en impuestos, contribuyen con 3.500 millones de dólares anuales a la economía. Para el sistema, estas personas pueden ser «ilegales» al residir, pero no al pagar impuestos y generar ingresos para el país.

Las cifras demuestran la importancia de los migrantes en Estados Unidos: en 2022, pagaron 96.700 millones de dólares en impuestos, según el Instituto de Política Fiscal y Económica, y aportaron casi siete puntos al PIB, de acuerdo con el Instituto Americano de Migración. Sin embargo, estos trabajadores enfrentan condiciones laborales precarias y derechos vulnerados. Además, cuando son deportados, sus propiedades a menudo quedan en manos de bancos y otras instituciones, sin ninguna posibilidad de administración remota. ¿Quién se hace responsable de las pérdidas materiales y económicas que sufren estas familias?

La política migratoria también impacta los derechos de las familias migrantes, especialmente los niños nacidos en el exterior. Según la agencia de investigación PewResearch, en 2016 nacieron 250.000 bebés en Estados Unidos de padres sin autorización para residir en el país. Para 2022, esta cifra aumentó a 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses hijos de inmigrantes sin residencia legal. Mientras tanto, muchos migrantes trabajan largas horas por salarios miserables, como 5 dólares por hora, desempeñando tareas esenciales como limpiar baños o retirar nieve.

La verdadera ilegalidad no radica en los migrantes, sino en el tráfico de armas. Desde los puertos de Florida, contenedores llenos de armas ingresan ilegalmente a países como Colombia, y su tráfico se incrementó un 150% en los últimos dos años. Sin embargo, no existe ninguna directriz gubernamental para detener este flujo ni para capturar a los responsables del narcotráfico originado en territorio estadounidense.

Este tipo de políticas y acciones ha despertado un creciente rechazo global hacia el imperialismo y sus prácticas de agresión económica y social. Las sanciones y los insultos provenientes de la administración Trumpno solo menosprecian a países como Colombia, sino que insultan al mundo entero. Medidas como la elevación de aranceles a productos colombianos deben encontrar reciprocidad en el aumento de impuestos a las más de 450 empresas estadounidenses que operan en Colombia. Si Estados Unidos eleva aranceles, Colombia también tiene el derecho de responder.

El enfoque diplomático actual de Estados Unidos fomenta el antimperialismo y promueve la búsqueda de nuevas formas de relacionarse entre naciones, basadas en el respeto y la igualdad. El pueblo latinoamericano ya no está dispuesto a seguir siendo víctima de las agresiones de un poder que actúa como el “gran matón” del mundo. Es hora de poner fin a estas injusticias y de exigir un trato digno y justo para todos.