AIDA AVELLA_ Para este Gobierno, la población adulta mayor no es un asunto marginal ni secundario: es una prioridad ética, social y política. Reconocemos una deuda histórica con quienes han construido este país y que, durante décadas, fueron invisibilizados por un modelo que no garantizó las condiciones dignas de su vejez.
Las acciones adelantadas no son discursivas, son concretas. Este Gobierno ha impulsado decisiones estructurales orientadas a ampliar la cobertura, mejorar las transferencias y fortalecer la protección económica de millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad. Estos avances responden a una visión de Estado que pone en el centro la dignidad humana y la justicia social.
Hemos fortalecido históricamente la cobertura de nuestros adultos mayores, alcanzando hasta 2.700.000 cupos asignados a nivel nacional para 2025 y una meta de 3.000.000 para el año 2026, así como la actualización de los montos de las transferencias monetarias pasando de $80.000 a $230.000 para mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años, estableciendo valores diferenciados que reconocen las condiciones de edad y vulnerabilidad de la población beneficiaria.
Es importante reconocer con rigor y responsabilidad institucional el origen, la financiación y la implementación de los programas sociales dirigidos a la población adulta mayor en Colombia. Es en ese marco donde cobra especial relevancia el Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, como una de las principales herramientas de política pública para garantizar un ingreso básico a quienes más lo necesitan.
En los últimos meses, recorriendo el país y hablando con la ciudadanía he observado cómo algunos sectores políticos y actores territoriales han intentado adjudicarse logros que corresponden, en esencia, al esfuerzo del Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro. Por ello, es necesario precisar que el Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor es una política pública de carácter nacional, financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación y del Fondo de Solidaridad Pensional, adscrito al Ministerio del Trabajo.
Ni el diseño, ni la financiación, ni la definición de cupos, ni los montos de los subsidios dependen del nivel territorial. Estas decisiones corresponden exclusivamente al nivel nacional, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y los lineamientos definidos por el Estado colombiano.
Resulta inadecuado y políticamente irresponsable presentar estos avances como logros individuales, locales o de gobiernos anteriores, desconociendo el esfuerzo estructural del Gobierno nacional y el carácter público de estos programas, que tienen un objetivo fundamental: proteger a las personas mayores que se encuentran en condiciones de pobreza extrema o vulnerabilidad, a la espera del pronunciamiento final de la Corte Constitucional.
No se trata de favores ni de gestiones individuales: se trata de derechos construidos desde la política pública nacional. El programa está regido por criterios técnicos y normativos claramente definidos en la ley, misma Reforma, garante de derechos, constructora de equidad e igualdad, demandada ante esta misma Corte por la candidata de la extrema derecha.
Así, mientras la oposición insiste en su bloqueo institucional, el Gobierno del Cambio sigue empeñado en generar condiciones de vida digna para las grandes mayorías de Colombia.