Simón Palacios_ Mientras en Colombia la justicia nacional sigue sin ofrecer respuestas a las víctimas de las llamadas «falsos positivos», una nueva esperanza se abre en Argentina. La Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal Argentina citó a una audiencia clave para el próximo 14 de abril, en el marco de la querella interpuesta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por la comisión de ejecuciones extrajudiciales durante su gobierno. La querella, radicada en noviembre de 2023 por 11 víctimas y tres organizaciones colombianas de derechos humanos (CSPP, Cajar y CJL), busca aplicar el principio de jurisdicción universal ante la persistente impunidad en Colombia.
Argentina no es un actor menor en esta historia. Fue el país que, bajo el mismo principio de jurisdicción universal, logró encausar al dictador chileno Augusto Pinochet y allanó el camino para que la justicia en Chile pudiera reclamar verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Ahora, ese mismo corredor judicial podría activarse para los 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos en Colombia durante el gobierno de Uribe, conocidos como «falsos positivos», donde civiles inocentes fueron asesinados y presentados como bajas en combate para inflar resultados militares.
La querella había sido archivada en octubre de 2025 por el Juzgado Segundo Federal de Buenos Aires, pero la parte querellante presentó una apelación que fue elevada a la Cámara de Apelaciones. La audiencia del 14 de abril definirá si la causa se reabre o se archiva definitivamente. Los querellantes enfatizan que la jurisdicción universal opera como un mecanismo subsidiario para garantizar que los crímenes graves —de lesa humanidad y de guerra— no queden sin investigación ni sanción, especialmente cuando las autoridades nacionales no han iniciado una investigación penal efectiva contra el expresidente.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos son claras: en Colombia, la JEP no tiene competencia para investigar a ex presidentes, y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no es un ente judicial sino político. La ausencia de un proceso judicial que responda a estándares internacionales impide el cumplimiento del derecho a la justicia y la verdad para las víctimas. Por eso, el llamado es a respaldar este esfuerzo transfronterizo. La solidaridad y la justicia no conocen fronteras. Y Argentina, una vez más, puede ser el escenario donde el imperio de la ley logre lo que en casa aún no ha sido posible.